The next casualty of Betsy DeVos? Civil rights protections on campus | Douglas Williams

The secretary of education’s plans for the Office for Civil Rights are deeply disturbing

Betsy DeVos wants to “return” the Office of Civil Rights in her Education Department “to its role as a neutral, impartial, investigative agency”. Lest our sense of irony has been dulled by the clown car that is Trump-era federal politics, her goal is nothing of the sort.

In fact, the goal of our 11th – and worst – Secretary of Education is simple: the dismantling of the office designed to ensure the compliance of our country’s universities with the various anti-discrimination statutes that are on the books. But before we get into any of the terrible ramifications of DeVos’s edict, it should be pointed out that she is a massive hypocrite.

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Jane Campion: my Top of the Lake research involved sneaking into brothels

Director says she adopted a disguise to get access to the stories of sex workers in Sydney for second series of drama

The acclaimed director Jane Campion has revealed that her research for the new series of Top of the Lake involved sneaking into Sydney brothels in disguise in order to hear the real stories of sex workers in the city.

Campion, who directed The Piano, made her debut move into television writing and directing with Top of the Lake in 2013, and the show is to return for a long-awaited second season at the end of July.

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Entrevista Exclusiva: Carmen Aristegui y su Hijo Hablan Sobre el Escándalo del Software Espía del Gobierno

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Como el hijo de la periodista más famosa de México, Emilio Aristegui Flores está acostumbrado a que la gente enloquezca por un momento del tiempo de su madre.

Carmen Aristegui, la perspicaz investigadora y defensora de la libertad de prensa, constantemente llama la atención de sus colegas periodistas y de los ciudadanos en la calle, por igual. En un país gobernado por poderosas y corruptas personas, Aristegui, una mujer implacable con su micrófono, ha sido una inspiración – una irritante – para muchos. Para Emilio, de 18 años, es una dinámica con la que ha crecido y que, para él, tiene todo el sentido. Lo que le cuesta más trabajo entender es que su propio gobierno se esfuerce lo suficiente como para desplegar herramientas de espionaje multimillonarias diseñadas para derrocar a terroristas y otras amenazas de seguridad nacional, contra él, un niño adolescente. Y todo esto para llegar a su madre.

Desde hace dos años, los teléfonos de Carmen y Emilio Aristegui fueron vigilados por una sofisticada herramienta de hackeo llamada Pegasus, en un gran escándalo de vigilancia que acaba de ser revelado hace algunos meses. Los expertos forenses que investigan las herramientas en cuestión, dicen que la agresividad de la campaña en México es diferente a cualquier cosa que hayan visto. Y mientras que los objetivos vigilados incluyen a muchas figuras de los medios mexicanos, científicos del gobierno e investigadores internacionales de derechos humanos, cada uno de ellos, unido por desafíos que han expuesto públicamente a la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, parece que a nadie le ha ido peor que a Emilio y su madre.

Un estudio de sus teléfonos reveló que cada uno de ellos fue atacado decenas de veces con mensajes hechos a la medida para hacerlos clickear, incluso cuando Emilio, que tenía 16 años cuando los ataques comenzaron, estaba asistiendo a la escuela secundaria en los Estados Unidos.

En una entrevista con The Intercept, Aristegui calificó los ataques como “siniestros.” Al vigilar a su familia con herramientas diseñadas para combatir el terror y el crimen, Aristegui dijo a The Intercept que el gobierno mexicano está tratando a sus críticos como “enemigos de Estado.” Ella está exigiendo respuestas no sólo como periodista, sino también como madre.

“¿Para qué querían saber de mi hijo Emilio?” – preguntó Aristegui. “¿Para qué el gobierno de Enrique Peña Nieto quería conocer las amistades, las comunicaciones, las fotografías, qué hace, qué dice, en tiempo real? Porque eso es Pegasus. Que tú estás con alguien y te están escuchando. Tu estás hablando, viendo, o haciendo algo con alguien en tu casa, en un café en donde quieras y están ahí, escuchando y viendo todo lo que haces. Todo lo que haces en tu recamara, en tu regadera, en la cocina, en tu oficina, con tus amigos, con quien quieras, es siniestro. Y es más siniestro aún, si se hace en contra de un joven adolescente.”

La historia de cómo Aristegui y su hijo fueron envueltos en un escándalo de vigilancia extrema, enfatiza la situación que cada vez se hace más grave para los periodistas en México – una nación donde los asesinatos de periodistas no se resuelven – y refleja el peligro que representa la utilización de equipos de espionaje privado en el mercado, en democracias débiles con tendencia al autoritarismo.

En entrevistas con The Intercept – las primeras de Emilio con un medio de comunicación – la familia Aristegui nos describe cómo comenzaron los ataques; nos hablan acerca de la tolerancia a la disidencia en México, y cómo es que la familia planea seguir adelante. Los hackeos que experimentaron están respaldados por una serie de informes recientes publicados por The Citizen Lab, un equipo de investigación forense en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, en colaboración con un equipo de ONGs mexicanas, incluyendo R3D, Social Tic y el Artículo 19. Los informes forenses han sido mejorados por historias de colección publicadas por la oficinas del New York Times de la Ciudad de México.

Hasta la fecha no hay evidencia definitiva que vincule concretamente al gobierno mexicano con los hackeos, aunque los expertos de Citizen Lab han dicho que la información forense que han recopilado y que apunta a la participación del gobierno es “tan buena como se puede.” El New York Times informó que “desde 2011, por lo menos tres agencias federales mexicanas han comprado cerca de 80 millones de dólares de software espía” de NSO Group, la compañía israelí que fabrica Pegasus. La empresa insiste que sus productos sólo se venden a los gobiernos, y el uso de tecnologías invasivas contra activistas y opositores políticos sería ilegal bajo la ley mexicana.

Desde el punto de vista de Aristegui, no hay duda de dónde reside la responsabilidad. “El gobierno mexicano es el responsable final de todo esto, porque Pegasus, es un sistema israelí que sólo se vende a los gobiernos. Y el gobierno mexicano ha adquirido Pegasus y otros sistemas de espionaje. Y entonces nosotros no tenemos más que decir, que el gobierno mexicano es el responsable de este espionaje,” dijo. “El gobierno mexicano tiene que explicar claramente por qué y para qué utilizó esos sistemas de espionaje, con dinero público que se pagaron, para espiar a periodistas, al hijo de una periodista, y defensores de derechos humanos.”

Sin embargo, tiene poca fe en que el gobierno llevará a cabo una investigación creíble sobre sí mismo. “Por eso los que somos afectados por esta situación y las personas que están preocupadas por el tema, estamos pidiendo que haya una investigación independiente del gobierno mexicano,” dijo, “que incluya, de preferencia, expertos internacionales. Una investigación que sí logre descubrir y sancionar las conductas que están detrás de Pegasus.”

Mexican journalist Carmen Aristegui speaks during an interview with AFP about the New York Times article "Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families", in Mexico City on June 22, 2017.Mexican prosecutors said Wednesday they have opened an investigation into allegations the government spied on leading journalists, human rights activists and anti-corruption campaigners. / AFP PHOTO / BERNARDO MONTOYA (Photo credit should read BERNARDO MONTOYA/AFP/Getty Images)

La periodista Carmen Aristegui habla en la Cuidad de México en junio, 2017.

Photo: Bernardo Montoya/AFP/Getty Images

Según Aristegui y los expertos forenses que examinan su caso, los problemas de la periodista veterana comenzaron después de que su página web, Aristegui Noticias, publicara una importante historia en noviembre de 2014 revelando que la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, había recibido un contrato de bienes raíces por parte de un contratista cercano a su esposo, abriendo el camino para la compra de una casa de 7 millones de dólares, fuera del presupuesto de la familia. “Esa casa que está ubicada en una de las zonas más lujosas de México, pues estaba a nombre de un contratista, de un empresario amigo del presidente, que tenía el registro legal de este domicilio que el presidente y su familia ocupaban,” explicó Aristegui. El llamado escándalo de la Casa Blanca finalmente obligó a la primera dama a renunciar a la propiedad y, dos años después, el propio presidente ofreció una disculpa. Aunque este hecho estuvo lejos de rendir cuentas oficiales, fue un logro, pero tuvo un precio. “Esa investigación periodística nos costó a los periodistas que hicimos ese trabajo, que nos echaran de la radio mexicana,” dijo Aristegui. En los siguientes meses, la oficina de Aristegui fue despedazada y ella fue atacada con una serie de demandas, incluyendo una que la acusaba de “uso excesivo de la libertad de expresión.”

“Se ha intentado aniquilar nuestro trabajo a través de la censura, a través de juicios en nuestra contra, a través de agresiones como un allanamiento a este lugar donde tú estás,” dijo Aristegui a The Intercept.

A raíz de lo sucedido de la Casa Blanca, Aristegui comenzó a recibir misteriosos mensajes de texto en su teléfono personal. El primero llegó el 12 de enero de 2015, dos meses después de que la historia de la Casa Blanca se publicara. El mensaje le informó a Aristegui que su “mensaje anterior no fue enviado” y proporcionó un enlace. Más de dos docenas de mensajes le llegarían durante el próximo año y medio. El contenido varió y evolucionó con el tiempo. Varios de los primeros mensajes reflejaban las conocidas suplantaciones de identidad (reclamaciones sobre saldos vencidos en varias cuentas), pero pronto se volvieron más específicos. Un mensaje, recibido en julio de 2015, informó que Anonymous había anunciado planes para hackear el sitio web de Aristegui, y proporcionó un enlace para más información. Otro pretendía venir de la Embajada de los Estados Unidos, diciéndole a Aristegui que había un problema con su visa.

Aristegui hizo todo lo posible por ignorar los enlaces dudosos que llenaban su bandeja de entrada. “En un primer momento, yo dije, y consulté a personas que me dijeron: es un sistema que se mete en tu teléfono, la recomendación es simplemente que no lo abras y ya. No lo abras y no le hagas caso y que el asunto siga. Y así lo hicimos en un primer momento,” declaró Aristegui. Pero los mensajes seguían llegando, y en marzo de 2016, quien los enviaba, giró su atención al hijo de Aristegui, Emilio, que asistía a la escuela secundaria en Massachusetts. El primer mensaje que Emilio recibió estaba hecho para captar su atención: un enlace a un sitio de noticias informando que la presidencia estaba considerando encarcelar a periodistas involucrados en el reporte de la Casa Blanca. Otros parecían venir de amigos preguntando si Emilio había cambiado sus cuentas de Facebook y Twitter. Al igual que su madre, Emilio recibió un mensaje falso de la Embajada de los Estados Unidos sobre su visa – una posible violación de la ley de los Estados Unidos considerando el estatus de Emilio como estudiante, estudiando legalmente en los Estados Unidos en ese momento.

Para Emilio, el ataque electrónico fue desconcertante. “Es una situación en la que uno se encuentra como adolescente, en la cual, no puedes realmente tomar mucha acción porque es algo a lo que alguien no está acostumbrado. No creces para saber qué hacer, no hay realmente una enseñanza que alguien te pueda dar al respecto de la situación,” dijo Emilio. “Sigo en shock.” Aunque inicialmente trató de ignorarlos, Emilio describió los mensajes que recibió como “diabólicos” en su diseño, atrayéndolo con “información de quién soy, en qué estoy interesado, con quién me relaciono, ya perfectamente hechos para tratar de convencerme a mí de hacer click, y bueno, que mi teléfono sea intervenido por Pegasus.”

Para el verano de 2016, los atacantes que perseguían a la familia Aristegui volvieron a cambiar sus tácticas, alternando entre madre e hijo con nuevos mensajes en diferentes días. “Emilio y yo recibimos muchísimos mensajes de este tipo,” dijo Aristegui. “Había mucha intención de meterse en nuestras conversaciones privadas.”

The explanation on how an espionage tool infects mobile phones is seen during a journalists' press conference in Mexico City on June 19, 2017, on an article published by the New York Times: "Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families". / AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA (Photo credit should read ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Una presentación sobre el funcionamiento del software Pegasus en una conferencia de prensa en Ciudad de México en junio, 2017.

Photo: Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

Aunque para Aristegui era evidente que algo estaba ocurriendo, no le fue posible comprender a mayor profundidad lo que estaba sucediendo, sino hasta principios de este año, cuando los investigadores de The Citizen Lab publicaron un informe revelando que un destacado científico que trabajaba con el Instituto Nacional de Salud Pública del gobierno mexicano, así como dos directores de ONGs, habían sido observados por una sofisticada tecnología de vigilancia, comercializada exclusivamente a los gobiernos. Cada uno de ellos había estado involucrado en una campaña para apoyar un impuesto sobre las bebidas azucaradas – un tema que los expertos en salud pública consideran crítico, dado el aumento de las tasas de obesidad y enfermedades relacionadas a ello en México. Los esfuerzos por elevar los impuestos al refresco en México se han logrado con un intenso retroceso político y corporativo, con situaciones tan extremas como que el CEO de Coca Cola haya llamado personalmente al presidente Peña Nieto para solicitar su apoyo para oponerse a un impuesto.

Citizen Lab había investigado previamente un caso similar en los Emiratos Árabes Unidos, en el que el teléfono celular de un activista fue hackeado con un software espía de alta calidad, exclusivo del gobierno. Citizen Lab determinó que la compañía israelí secreta NSO Group era responsable de la tecnología que permitía el hackeo del teléfono del activista, y parecía que la misma herramienta funcionaba en México.

Anunciándose como “un líder en la guerra cibernética,” NSO ha insistido que sus herramientas de vigilancia están estrictamente diseñadas para su uso por “agencias gubernamentales autorizadas,” como un medio para combatir el “terror y el crimen.” El producto que hizo a NSO famoso, a pesar de los esfuerzos de la compañía por mantener un perfil bajo, es Pegasus, una herramienta diseñada para permitir que el gobierno obtenga acceso remoto a los teléfonos celulares engañando a las personas para hacer clic en vínculos que exponen el sistema operativo de sus teléfonos. Descrito por Forbes como el “kit de espionaje móvil más invasivo del mundo,” Pegasus permite a los clientes de NSO, un acceso virtualmente irrestricto y en tiempo real a las características más sensibles del teléfono, incluyendo micrófono, cámara, mensajes de texto y lista de contactos.

Si bien la empresa es israelí, NSO mantiene lazos significativos con los Estados Unidos. Francisco Partners Management LLC, una firma estadounidense de capital privado, compró la compañía por 120 millones de dólares en 2014 (según se informa, NSO ahora está a la venta, con un precio superior a los mil millones de dólares). La compañía, que operaba bajo un nombre diferente, pagó previamente al ex consejero de seguridad nacional de la administración de Trump, Michael Flynn, más de 40,000 dólares para trabajar como miembro del consejo asesor.

Después de que Citizen Lab publicara su informe en febrero, concluyendo que la misma tecnología de Pegasus detectada en el caso de los EAU había sido usada contra los activistas de impuestos de refresco en México, Aristegui se puso en contacto con los investigadores forenses y les entregó los mensajes que ella y Emilio habían recibido. Las sospechas de los Aristegui fueron confirmadas — ellos también habían sido atacados con el software espía de Pegasus. Y no eran los únicos.

Civil society activists and journalists pretend to turn themselves in during a protest against alleged government spying on the media and human rights defenders, outside the attorney general's office in Mexico City on June 23, 2017. Mexican prosecutors said Wednesday they have opened an investigation into allegations the government spied on leading journalists, human rights activists and anti-corruption campaigners. / AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA (Photo credit should read ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Activistas y periodistas participan en una manifestación contra el espionaje en Ciudad de México en junio, 2017.

Photo: Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

En un informe publicado en junio, Citizen Lab reveló que descubrió “más de 76 mensajes con enlaces al marco de explotación de NSO Group.” Los individuos afectados fueron dos de los colegas de Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, y Carlos Loret de Mola, un conocido conductor y periodista de investigación mexicano. En el momento en que empezó a recibir mensajes inquietantes, de Mola estaba reportando un posible encubrimiento por parte del gobierno federal, derivado de una operación en la que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a 42 presuntos narcotraficantes. Las pruebas forenses examinadas por Citizen Lab también apuntaban los intentos de hackear los teléfonos de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga. De acuerdo con Citizen Lab, en el momento en que los dos periodistas comenzaron a recibir mensajes de texto vinculados a Pegasus, estaban “investigando pruebas de posesiones en alta mar relacionadas con funcionarios corruptos y personas prominentes en México.”

En un caso particularmente escalofriante, Citizen Lab también descubrió evidencia de que los defensores legales del Centro Miguel Agustín Pro Juárez habían sido golpeados con vínculos de explotación NSO. Por más de dos años, el Centro PRODH, como es conocido en México, ha brindado apoyo legal a los padres de estudiantes de una escuela de enseñanza rural llamada Aytozinapa. En septiembre de 2014, una contingencia de más de 100 estudiantes de la escuela, la mayoría de ellos estudiantes de primer año, fue blanco de un ataque coordinado por las fuerzas de seguridad mexicanas. Seis estudiantes fueron asesinados en el asalto, dos docenas resultaron heridas y 43 desaparecieron a manos de la policía local — un pedazo de hueso perteneciente a uno de los estudiantes fue recuperado más tarde. Al resto de los estudiantes no se les ha visto desde entonces. El crimen sacudió a México, y en 2015, The Intercept publicó los resultados de la investigación de siete meses sobre la desaparición de los estudiantes, lo que reveló evidentes lagunas en la investigación del gobierno sobre el caso. En medio de protestas públicas que incluyeron algunas masivas en todo el país, el gobierno mexicano invitó a un equipo de investigadores independientes de derechos humanos altamente respetados, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a investigar el crimen. Este mes, el Citizen Lab reveló que los expertos independientes también fueron atacados con el software espía NSO; los ataques comenzaron poco después de que el equipo “criticó al gobierno mexicano por injerencia en su investigación mientras preparaban su informe final” sobre la desaparición de los estudiantes.

Aristegui se apresura a poner el calvario de su familia en el contexto apropiado. “Tristemente, hay casos peores que los nuestros,” dijo. “México se ha convertido en uno de los países de más alto riesgo para ejercer la tarea periodística. México tiene en los últimos 15 años una lista de más de 100 muertos; 100 periodistas muertos.”

Sin embargo, Aristegui argumentó que las fuerzas que se apuntaron contra ella y otros, revelan verdades incómodas sobre el estado de la democracia en México. “Yo creo que el gobierno mexicano tiene un talante autoritario,” explicó. “El gobierno mexicano de Peña Nieto no es un gobierno de definición democrática. Sus conductas, y el espionaje es una de ellas, sus expresiones, y en muchos sentidos los resultados de este gobierno son producto de un talante autoritario, no de un ejercicio democrático real. Un talante democrático incluye el respeto a la disidencia, a la oposición o a la tarea de los periodistas críticos.”

“Si no, ¿de qué democracia estamos hablando?” preguntó Aristegui.

Emilio, por su parte, sigue tendiendo dificultades para creer que todo el calvario haya ocurrido. La secundaria es lo suficientemente extraña como para aparte agregarle historias de noticias internacionales que informan que tú y tu madre fueron el blanco de una campaña de hackeo patrocinada por el Estado. Eso lleva las cosas a otro nivel. “Con mis amigos hay indignación,” dijo. “Porque pues al final de cuentas, si yo soy intervenido, pues ellos también. Por nuestra edad, nosotros también lo hemos tomado como una sorpresa. No es algo que esperes que te vaya a pasar,” Emilio añadió. “La reacción de ellos también es algo inesperada porque, ¿o lo tomas con humor o lo tomas con seriedad, o los dos? Porque es una cosa muy fuerte, espiar a un menor edad, y en especial que reside en el extranjero. Pues mis amigos sí lo han visto como algo también muy raro.”

Tan intensa como fue la experiencia, Emilio sigue siendo un firme partidario del trabajo de su madre. “Yo personalmente admiro muchísimo a mi mamá, es una líder para mí, es la persona más importante en mi vida y yo estoy más que orgulloso del trabajo que hace, y pues ojalá y le pueda seguir los pasos también. Yo creo que ella debería de seguir trabajando como lo está haciendo porque me parece que le está haciendo muy bien a este país que lo necesita mucho,” dijo.

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Mexican Journalist Carmen Aristegui Slams Government Spyware Targeting Her Teenage Son

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As the son of Mexico’s most famous journalist, Emilio Aristegui Flores is used to people clamoring for a moment of his mother’s time. Carmen Aristegui, the dogged investigator and press freedom advocate, draws near-constant attention from her fellow reporters and citizens in the street alike. In a country long ruled by corrupt and powerful strongmen, Aristegui, a relentless woman with a microphone, has been an inspiration — and irritant — to many. For 18-year-old Emilio, it’s a dynamic he’s grown up with, and one that makes sense. What’s harder for him to wrap his head around is that his own government would go so far as to deploy multi-million dollar spying tools designed to take down terrorists and other national security threats against him, a teenage kid, in order to get at his mother.

Carmen and Emilio Aristegui had their phones targeted by a sophisticated hacking tool called Pegasus beginning two years ago, in a far-reaching surveillance scandal that has just been revealed in recent months. Forensic experts investigating the tools in question say the aggressiveness of the campaign in Mexico is unlike anything they have ever seen. And while the surveillance targets include many Mexican media figures, a government scientist, and international human rights investigators — each united by challenges they have publicly posed to the administration of Mexican President Enrique Peña Nieto — so far, it appears nobody got it worse than Emilio and his mother. An examination of their phones revealed that each were targeted dozens of times with tailor-made messages to entice them to click, including while Emilio, who was 16 years old when the attacks started, was attending high school in the United States.

In an interview with The Intercept, Aristegui called the attacks “sinister.” By targeting her family with tools designed to fight terror and crime, Aristegui told The Intercept, the Mexican government is treating its critics like “enemies of the state.” And she is demanding answers not only as journalist, but as a parent as well.

“What did they want to know about my son Emilio?” Aristegui asked. “Why did the government of Enrique Peña Nieto, want to know about the friendships, the communication my son had, his photos, what he does, what he says in real time? That is what Pegasus does. When you are with somebody, they are listening to you. When you are speaking, watching or doing something with someone in your house or in a cafe or wherever you may be, they are there listening to you, watching everything that you do. Everything that you do in your bedroom, the shower, in your kitchen, in your office with your friends or whoever.”

The story of how Aristegui and her son were wrapped up in a sprawling surveillance scandal underscores the increasingly dire situation for reporters in Mexico — a nation where murders of journalists go unsolved — and reflects the danger in marketing private spy gear to weak democracies with a tendency towards authoritarianism.

In conversations with The Intercept — Emilio’s first ever with a media outlet — the Aristeguis described how the attacks began, what they say about tolerance for dissent in Mexico, and how the family plans to move forward. The accounts of the hacking that they experienced are backed up by a series of recent reports published by The Citizen Lab, a forensics research outfit at the Munk School of Global Affairs at the University of Toronto, in collaboration with a crew of Mexican NGOs, including R3D, Social Tic and Article 19. The forensics reports have been further fleshed out by a collection of stories published by the New York Times’ Mexico City bureau.

To date, there is no definitive evidence concretely linking the Mexican government to the hacking efforts — though Citizen Lab’s experts have noted that the forensic information they have gathered pointing to government involvement is “about as good as it gets.” The New York Times has reported that “since 2011, at least three Mexican federal agencies have purchased about $80 million worth of spyware” from NSO Group, the Israeli company that manufactures Pegasus. The company insists that its products are sold only to governments, and the use of such invasive technologies against activists and political opponents would be illegal under Mexican law.

In Aristegui’s view, there is no question where responsibility lies. “The Mexican government is responsible for all this because Pegasus, which is an Israeli system, is only sold to governments and the Mexican government has acquired this and other spying systems, and that only leaves us to say that the Mexican government was responsible for this spying,” she said. “The Mexican government has to explain clearly why and to what end they used these spying systems, with public money that paid for it, to spy on journalists, a son of a journalist, and human rights lawyers.”

Yet she has little faith that the government will conduct a credible investigation into itself. “That is why those of us who are the ones affected by this situation and people who are worried by the issue are calling for an investigation independent from the Mexican government,”Aristegui said, “that would preferably include independent international experts, an investigation that will sanction those who are behind Pegasus.”

Mexican journalist Carmen Aristegui speaks during an interview with AFP about the New York Times article "Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families", in Mexico City on June 22, 2017.Mexican prosecutors said Wednesday they have opened an investigation into allegations the government spied on leading journalists, human rights activists and anti-corruption campaigners. / AFP PHOTO / BERNARDO MONTOYA (Photo credit should read BERNARDO MONTOYA/AFP/Getty Images)

Mexican journalist Carmen Aristegui speaks during an interview with AFP about the New York Times reporting on the spyware scandal in Mexico City on June 22, 2017.

Photo: Bernardo Montoya/AFP/Getty Images

As far as Aristegui and the forensic experts examining her case can tell, the veteran journalist’s troubles began after her website, Aristegui Noticias, broke a major story in November 2014 revealing that President Peña Nieto’s wife, Angélica Rivera, had received a sweetheart real estate deal from a contractor close to her husband, paving the way for the purchase of a roughly $7 million home well outside of the family’s budget. “This house was located in one of the most luxurious areas of Mexico and it was registered in the name of a contractor, a businessman, who was friends with the president and possessed the legal register of this residence that the president and his family lived in,” Aristegui explained. The so-called Casa Blanca scandal eventually forced the first lady to give up the property and, two years later, resulted in an apology from the president himself. Though a far cry from official accountability, it was an achievement of sorts — but it came at a price. “This journalistic investigation, for those of us journalists who participated in it, came with a high cost and led to us getting kicked off the radio in Mexico,” Aristegui said. In the months that followed, Aristegui’s office was broken into and she was targeted with a series of lawsuits, including one accusing her of “excessive use of freedom of speech.”

“They have tried to annihilate us using censorship and lawsuits against us and attacks like a break-in,” Aristegui said.

In the wake of Casa Blanca, Aristegui started to get mysterious text messages on her personal cellphone. The first appeared on January 12, 2015, two months after the Casa Blanca story broke. The text informed Aristegui that her “previous message was not sent” and provided a link. More than two-dozen messages would follow over the next year and a half. The content varied and evolved over time. Several of the early messages reflected familiar phishing attempts — claims about past due balances in various accounts — but they soon became more specific. One text, delivered in July 2015, reported that Anonymous had announced plans to hack Aristegui’s website and provided a link for more info. Another purported to come from the U.S. Embassy, advising Aristegui that there was a problem with her visa.

Aristegui did her best to disregard the dubious links filling her inbox. “At one point in the beginning I consulted with people who told me, this is a system that installs itself on your phone, just don’t open it, don’t pay attention to it, and that is what we did,” she said. But the messages kept coming and, in March 2016, whoever was sending them began intensifying their focus on Aristegui’s son, Emilio, who was attending high school in Massachusetts. The first message Emilio had received, in August 2015, appeared tailor-made to grab his attention: a link to a news website reporting that the presidency was considering jailing journalists involved in the Casa Blanca reporting. Others appeared to come from friends asking if Emilio had changed his Facebook and Twitter accounts. Like his mother, Emilio received a faked message from the U.S. Embassy concerning his visa — a potential violation of U.S. law considering Emilio’s status as a student legally studying in the United States at the time.

For Emilio, the electronic onslaught was bewildering. “It is a situation that you, as a teenager, find yourself in and you don’t know what to do because it is not part of your upbringing where they tell you this is going to happen — there is no preparation someone can give you regarding this situation,” Emilio said. “I am still in shock.” While he initially tried to ignore them, Emilio described the messages he received as “devilish” in their design, baiting him with “information about who I am, what I am interested in, who I hang out with, messages that are made for me to make me interested enough to click so that my phone gets tapped.”

By summer 2016, the attackers targeting the Aristegui family shifted their tactics again, alternating between mother and son with new messages every few days. “Emilio and myself each received so many of these kinds of messages,” Aristegui said. “There were a lot of attempts to gain access to our private conversations.”

The explanation on how an espionage tool infects mobile phones is seen during a journalists' press conference in Mexico City on June 19, 2017, on an article published by the New York Times: "Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families". / AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA (Photo credit should read ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

A chart depicts how an espionage tool infects mobile phones during a journalists’ press conference in Mexico City on June 19, 2017.

Photo: Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

Though it was obvious to Aristegui that something was afoot, a deeper understanding of what was going on did not become possible until earlier this year, when the researchers at The Citizen Lab published a report revealing that a prominent scientist working with the Mexican government’s National Institute for Public Health, as well as two NGO directors, had been targeted with sophisticated surveillance technology exclusively marketed to governments. Each of the targets had been involved in a campaign to support a tax on sugary drinks — an issue that public health experts consider critical given the soaring rates of obesity and related illnesses in Mexico. Efforts to raise taxes on soda in Mexico have been met with intense corporate and political pushback, with the CEO of Coca Cola going so far as to personally call President Peña Nieto to solicit his support in opposing a tax.

Citizen Lab had previously investigated a similar case in the United Arab Emirates, one in which an activist’s cellphone was hacked with high-end, government-exclusive spyware. Citizen Lab determined that the secretive Israeli company NSO Group was responsible for the technology that allowed for the hacking of the activist’s phone, and it seemed the same tool was at work in Mexico.

Marketing itself as “a leader in Cyber warfare,” NSO has insisted that its surveillance tools are strictly designed for use by “authorized government agencies,” as a means to combat “terror and crime.” The product that’s made NSO famous, despite the company’s efforts to keep a low-profile, is Pegasus, a tool designed to allow government customers to gain remote access to cellphones by tricking targets into clicking links that expose the phone’s operating system. Once described by Forbes as “the world’s most invasive mobile spy kit,” Pegasus allows NSO customers virtually unfettered access to the phone’s most sensitive features, including its microphone, camera, text messages, contact list, and so on — in real time.

While the company is Israeli, NSO maintains significant U.S. ties. Francisco Partners Management LLC, an American private equity firm, purchased the company for $120 million in 2014 (NSO is reportedly now up for sale again, with a price tag exceeding $1 billion.) The company, operating under a different name, also at one point paid former Trump administration national security adviser Michael Flynn more than $40,000 to serve as an advisory board member.

After Citizen Lab published its report in February concluding that the same Pegasus technology it detected in the UAE case had been used against the soda tax campaigners in Mexico, Aristegui got in touch with local researchers on the ground in Mexico and turned over the messages that she and Emilio had received. The Aristeguis’ suspicions were confirmed — they too had been targeted with Pegasus spyware. And they were not alone.

In a report published in June, Citizen Lab and its partners in Mexico revealed that it uncovered “over 76 messages with links to NSO Group’s exploit framework.” The affected individuals included two of Aristegui’s colleagues — Rafael Cabrera and Sebastián Barragán — as well as Carlos Loret de Mola, a well-known Mexican investigative journalist and TV anchor. Around the time that he began receiving disturbing messages, Mola was reporting on a potential cover-up on the part of the federal government stemming from an operation in which Mexican security forces killed 42 suspected drug traffickers. Forensic evidence also pointed to cellphone hacking attempts targeting journalists Salvador Camarena and Daniel Lizárraga. According to Citizen Lab, at the time that the two journalists began receiving Pegasus-linked text messages, they were “investigating evidence of offshore holdings linked to corrupt officials and prominent individuals in Mexico.”

Civil society activists and journalists pretend to turn themselves in during a protest against alleged government spying on the media and human rights defenders, outside the attorney general's office in Mexico City on June 23, 2017. Mexican prosecutors said Wednesday they have opened an investigation into allegations the government spied on leading journalists, human rights activists and anti-corruption campaigners. / AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA (Photo credit should read ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Civil society activists and journalists pretend to turn themselves in during a protest against alleged government spying on the media and human rights defenders, outside the attorney general’s office in Mexico City on June 23, 2017.

Photo: Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

In a particularly chilling development, Citizen Lab also uncovered evidence that legal advocates with the Centro Miguel Agustín Pro Juárez had been hit with NSO exploit links. For more than two years, Centro PRODH, as it’s known in Mexico, has provided legal support to the parents of students from a rural teaching college called Aytozinapa. In September 2014, a contingent of more than 100 students from the school, most of them freshmen, were targeted in a coordinated attack by Mexican security forces. Six students were killed in the assault, two dozen were wounded and 43 disappeared at the hands of local police — a chip of bone belonging to one of the students was later recovered, the rest have not been seen since. The crime rocked Mexico and in 2015 The Intercept published the results of seven-month investigation into the students’ disappearance, which revealed glaring holes in the government’s investigation into the case. Amid public outcry that included massive protests across the country, a team of highly-respected independent human rights investigators appointed by the Inter-American Commission on Human Rights were invited by the Mexican government to investigate the crime. This month, Citizen Lab revealed that the independent experts, despite their diplomatic immunity status, were also targeted with NSO spyware, with the attacks beginning shortly after the team “criticized the Mexican government for interference in their investigation, and as they were preparing their final report” on the students’ disappearance.

Aristegui is quick to put her family’s ordeal in the proper context. “Sadly, there are cases that are much worse than ours,” she said. “Mexico has been converted into one of the highest risk countries to be a journalist. In the past 15 years in Mexico more than 100 journalists have been killed — 100 dead journalists.”

Still, Aristegui argued, the forces that were leveled against her and others reveal uncomfortable truths about the state of democracy in Mexico. “I believe that the Mexican government has authoritarian leanings,” she explained. “You would not define the government of Peña Nieto as a democratic government. The way that they conduct themselves, espionage being one of them, and all that has happens with this government, is what happens under an authoritarian state. Democracy is not exercised here because democracy includes respect of dissidents, the opposition and of the work of critical journalists.”

“If this is non-existent,” Aristegui asked, “What democracy are we speaking about?”

Emilio, for his part, still has a hard time believing that the whole ordeal happened in the first place. High school is weird enough — adding international news stories reporting that you and your mom were the targets of a state-sponsored hacking campaign takes things to a whole other level. “My friends, they’re angry,” he said. “[Because] at the end of the day if I am tapped they also are tapped. Considering our age, for us it is a surprise. It is not something that you think will happen.” Emilio added, “You also don’t know what their reaction will be like. Do you take it in a humorous fashion or do you take it seriously or both? It is a very intense thing that they spied on a minor that lives abroad.”

As intense as the experience was, Emilio remains a steadfast supporter of the work his mother does. “I have so much admiration for my mom. She is a leader for me and the most important person in my life and I am so proud of her and I hope that I can follow in her path. She should keep doing what she is doing,” he said. “This country needs what she is doing.”

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Repeal now, replace later? GOP’s last-ditch healthcare effort faces slim odds

Mitch McConnell says he will pursue a vote on just a repeal of Obamacare after Republicans failed to coalesce around a bill of their own. It’s a course that could crack the deep divisions already exposed by the healthcare debate

The collapse of the Senate Republican healthcare bill on Monday night left Mitch McConnell pursuing a last-ditch change of tactics: to repeal Barack Obama’s healthcare law now, then replace it later. There is no guarantee he will succeed.

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